Uchuraccay está marcado por un trágico suceso que afectó profundamente al periodismo peruano y a la sociedad en general. Ocho periodistas, un guía y un comunero fueron asesinados por un grupo de campesinos que los confundieron con terroristas de Sendero Luminoso, debido a la desinformación y el miedo que reinaban en la zona. Ocurrió el 26 de enero de 1983, en las alturas de la provincia de Huanta, en el poblado de Uchuraccay, en Ayacucho.

En memoria dolorosa del país está el recuerdo de los periodistas asesinados: Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán, del diario Marka; Jorge Luis Mendivil y Willy Retto, del Observador; Jorge Sedano, de la República; Amador García, de la revista Oiga y Octavio Infante, del diario Noticias de Ayacucho. Así como Juan Argumedo, el guía y Severino Huáscar Morales, el comunero.

Después de lo ocurrido, Uchuraccay continuó siendo un escenario de violencia, muerte y desolación. Al menos ciento treinta y cinco comuneros fueron asesinados en diferentes incursiones del grupo terrorista Sendero Luminoso.

El asesinato de los periodistas generó dos investigaciones. La primera estuvo a cargo de una Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay nombrada por el expresidente, Fernando Belaúnde Terry, el 2 de febrero de 1983. La presidió el escritor Mario Vargas Llosa, quien presentó su informe un mes después señalando como responsables a los campesinos de Uchuraccay.

La segunda investigación fue realizada por el Poder Judicial, mediante un proceso penal sumamente confuso y dilatado, cuyo fallo definitivo fue emitido el 9 de marzo de 1987, sentenciando por homicidio a los campesinos Dionisio Morales Pérez, Simeón Auccatoma Quispe y Mariano Ccasani Gonzáles, y ordenando la captura de otros catorce campesinos de Uchuraccay.

Esos hechos marcaron un antes y un después en las coberturas periodísticas para investigar y cubrir la realidad del conflicto armado interno que vivió el país, especialmente en las zonas rurales y alejadas. Muchos se sintieron intimidados y desanimados de hacerlo, por temor a sufrir represalias o agresiones. La violencia, la desinformación y el miedo fueron elementos que generaron un efecto disuasorio.

Lo ocurrido en Uchuraccay, reveló además las deficiencias y las contradicciones del Estado, que no garantizó la seguridad ni el acceso a la información de los periodistas, y que tampoco esclareció ni sancionó debidamente a los responsables de la masacre. Esto provocó que muchos periodistas se sintieran más unidos y comprometidos, exigiendo justicia, verdad y reparación para las víctimas y familias; se honrara la memoria de los periodistas asesinados.

Estos actos de dolor, cuatro décadas después, merecen una reflexión sobre el rol, la responsabilidad y los riesgos que implica el ejercicio periodístico en situaciones de violencia, así como la necesidad de contar con un adecuada preparación, protección y apoyo.

Creemos que el punto de partida para no repetir esa historia trágica, está en que no haya olvido y podamos sacar lecciones valiosas del dolor que significó la muerte de tantos colegas. 

 “Solidaridad, compromiso y coraje para defender la libertad de expresión e información”

Consejo Directivo Nacional